El Examen del Comité de Derechos Humanos a Colombia consiste en evaluar el estado de cumplimiento de las obligaciones que adquirió el Estado cuando ratificó el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que hace referencia a los derechos a la vida, la privacidad, la integridad, la libertad de pensamiento, conciencia, expresión, reunión y asociación, la participación política, la protesta, los derechos de la niñez y de la familia, y la no discriminación.
Se llevó a cabo en Ginebra, Suiza los días 10 y 11
de julio de 2023 y sus conclusiones se hicieron públicas el 26 de julio de 2023.
Este es el octavo informe para Colombia que abarca un periodo de 7 años (2016-2023), y contiene las recomendaciones para su desempeño hasta la próxima revisión en el 2030.
El Examen se realiza con base en la Lista de
cuestiones preliminares que el Comité ONU le envió al Estado colombiano en
octubre de 2022.
Aunque el próximo examen a Colombia tardará varios años, el Comité de la ONU pidió al Estado colombiano brindar información sobre el cumplimiento de tres recomendaciones en julio de 2026, por ser de particular gravedad. Se trata de aquellas relacionadas con:
- - La lucha contra la impunidad y violaciones de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado.
- - La eliminación del trabajo forzoso y la trata de personas.
- - La libertad de expresión y protección de personas defensoras de derechos humanos.
De acuerdo con el CAJAR, en 55 años, Colombia no ha acatado las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU. Por lo que el Estado colombiano sigue en deuda con los derechos civiles y políticos para la construcción de paz, la superación del conflicto y la lucha contra la Impunidad.
Esperamos un decidido compromiso por parte de las autoridades colombianas para su adecuada implementación, que derive no sólo en la garantía de los derechos civiles y políticos de la sociedad colombiana, sino también que se constituya en una base firme para la paz.
Observaciones finales sobre el
octavo informe periódico de Colombia
El Comité destacó como aspectos positivos algunas
medidas legislativas, institucionales y políticas adoptadas por el Estado, en
su mayoría relacionadas con la implementación del Acuerdo de Paz, como son:
- -
La
creación del Sistema Integral para la Paz.
- -
La
Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
- -
La
reglamentación del Sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la
presencia de actividades de las organizaciones, hechos y conductas criminales
que pongan en riesgo los derechos de la población y la implementación del
Acuerdo Final de Paz.
- - La
creación de la Alta Instancia de Género del Acuerdo,
- - El
establecimiento del Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de
las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, entre
otras.
Así mismo, el Comité reconoció positivamente la expedición del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, la Política Migratoria Integral, el Estatuto Disciplinario Policial, la Ley de Paz Total, y la resolución que facilita la atención integral en salud frente a la interrupción voluntaria del embarazo.
Por otra parte, el Comité expresó especial
preocupación por la dilación estatal
en el cumplimiento de los dictámenes proferidos sobre casos individuales.
Manifestó su preocupación por el importante número de decisiones que no han
sido implementadas, y le solicitó al Estado adoptar todas las medidas
necesarias para aplicar los fallos pendientes de manera célere.
Al respecto, el Comité recomendó al Estado colombiano que continúe e intensifique sus esfuerzos para prevenir la comisión de violaciones de los derechos consagrados en el Pacto y hacer efectivos los derechos a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado interno. Igualmente, hizo un llamado para que continúen los procesos de diálogo y/o negociación con los grupos armados no estatales y demás organizaciones armadas, para acordar medidas inmediatas tendientes a reducir la violencia y mitigar sus impactos.
A su vez, el Comité mostró preocupación por el alto índice de actos de discriminación y de violencia, y la persistente discriminación estructural e histórica de la que son víctimas los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes; la persistencia de la violencia sexual contra mujeres y niñas por parte de grupos armados no estatales y organizaciones criminales, y los obstáculos que enfrentan las víctimas para acceder a la protección, la justicia y la reparación integral; la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo después de la semana 24 de gestación; y la participación efectiva en las decisiones por parte de las comunidades étnicas.
El Comité recomendó al Estado, entre otras cosas, redoblar sus esfuerzos para prevenir, combatir y erradicar la discriminación y la violencia, en particular por motivos de raza, origen étnico, estatus migratorio, religión u orientación sexual e identidad de género. Igualmente, le solicitó continuar esforzándose por darle fin a la violencia de género, asignando los recursos financieros, técnicos y humanos necesarios en materia de prevención, protección, sanción y reparación de actos de violencia contra las mujeres y niñas.
La situación de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas continúa
siendo un aspecto de alarma para el Comité, preocupan los altos niveles de
agresiones, homicidios, actividades
ilegales de vigilancia y persistente impunidad.
Ante esto el Comité recomendó al Estado adoptar e implementar una política
nacional para la protección de personas defensoras de derechos humanos, en el
marco del proceso nacional de garantías, con una amplia participación de la
sociedad civil.
Finalmente, el Comité de la ONU hizo un llamado ante la grave situación por la persistencia de prácticas y mecanismos que promueven la impunidad frente a la tortura y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, así como por los altos niveles de hacinamiento en los centros de privación de la libertad, en particular en los centros de detención transitoria. Recomendó, entre otras, liminar todas las barreras en la ley y en la práctica para que todas las denuncias de tortura y malos tratos se investiguen de forma rápida, imparcial, exhaustiva y eficaz. Igualmente, notó con preocupación las graves violaciones de los derechos humanos ocurridas en el marco del paro nacional de 2021 e hizo un llamado para que el Estado fortalezca las medidas para prevenir y eliminar todas las formas de uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del orden.
Consulte y Descargue Aquí: Documento ONU Observaciones finales sobre el octavo informe periódico de
Colombia
Informe Alternativo elaborado por las 20 organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos
Algunos de los hallazgos más relevantes y
recomendaciones de las organizaciones sociales fueron las siguientes:
En materia de
impunidad y acceso a la justicia,
el informe señala que la Fiscalía General de la Nación suspendió por un tiempo
las investigaciones sobre graves violaciones a los Derechos Humanos cometidas
por agentes estatales en el marco del conflicto armado interno.
De otro lado, desde 2005 -cuando entró en vigencia la Ley de Justicia y Paz- hasta 2018, sólo se habían dictado 50 sentencias contra 205 exparamilitares de los 2.378 postulados, y no se ha acatado la recomendación del Comité ONU de Derechos Humanos de 2016 sobre la reparación integral de las víctimas. Sólo se han indemnizado al 16,9%, la reparación colectiva no supera el 6% y, en materia de restitución de tierras, sólo hay sentencias en el 42% de los casos.
Por otra parte, a pesar de que la Constitución
Política y la jurisprudencia protegen el
derecho a la protesta social, no
existen las garantías necesarias su ejercicio. Esto fue evidente en el uso
excesivo de la fuerza por parte del Estado en el Paro Nacional de 2021, cuando
se registraron 89 ejecuciones extrajudiciales, 1.929 personas heridas, 116
lesiones oculares, 106 casos de violencias basadas en género, 343 agresiones a
defensores de DDHH y 3.546 denuncias por abuso y violencia policial. Lo
anterior se agrava ante el incumplimiento del Estado Colombiano frente las
recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, durante
su visita al país en junio de 2021.
El informe de la sociedad civil para el Examen del Comité, también destaca que, pese a los anuncios, los avances en implementación del Acuerdo de Paz de 2016 son pocos desde el gobierno anterior. El Estado no ha expedido las medidas legislativas y administrativas para garantizar la seguridad y el derecho a la vida de las personas firmantes. Hasta el 17 de mayo del 2023, 376 personas firmantes habían sido víctimas de homicidio.
El Gobierno actual ha impulsado la Paz Total como una política de
Estado frente a la grave situación de violencia en el país, la cual busca
dialogar con actores armados con vocación política y avanzar en acercamientos
para la sujeción a la justicia de Estructuras Armadas Criminales de Alto
Impacto -EACAI-. Pese a estos
importantes esfuerzos, aún no hay
claridad sobre cómo se implementará el enfoque de derechos humanos de esta
política, ni cómo se harán vinculantes las contribuciones de la sociedad civil
y de las víctimas para su implementación, concluye el informe.
Desde 2017 la situación de agresiones contra las personas defensoras de DD. HH. y liderazgos sociales se ha deteriorado. Entre enero de 2017 y diciembre de 2022 se habrían cometido por lo menos 920 asesinatos y 4.084 agresiones entre las que se cuentan amenazas, detenciones, desapariciones, judicializaciones, atentados, violencia sexual y robo de información.
El informe de la sociedad civil concluye que, en el marco del conflicto armado colombiano, los derechos de las niñas, niños y adolescentes se siguen vulnerando, siendo los grupos armados (tanto ilegales como legales) los responsables de perpetuar graves violaciones a sus derechos. Entre 2016 a 2022 se registraron 363 eventos de reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes; por su parte, las fuerzas armadas de Colombia realizaron 205 campañas cívico-militares que afectaron a esta población.
La violencia contra las mujeres tuvo un gran aumento debido a la contingencia del COVID-19. Únicamente durante el año 2022 se registraron 47.771 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 7.713 casos más que en 2021.
En materia de derecho a la privacidad, el informe señala que, según revelaciones de la revista Semana, aproximadamente 130 personas, –incluyendo periodistas nacionales e internacionales y defensor(as) de DH- habrían sido objeto de perfilamientos entre febrero y diciembre de 2019.
Según revelaciones de la Federación para la Libertad de Prensa (FLIP), el plan de adquisiciones de 2023 del Comando de las Fuerzas Militares incluye la compra de un sistema de ciberinteligencia basado en inteligencia artificial que “integre diversas fuentes de información de fuentes abiertas, así como de información y contenido dispuesto en internet.” Aún no hay claridad sobre el impacto del uso de estas tecnologías en los derechos humanos y el marco legal para su uso, el llamado a cesar la vigilancia hace parte de uno de nuestros mayores esfuerzos de cara al Estado, concluye el informe.
Las 20 organizaciones de la sociedad civil y de derechos humanos redactaron un total de 39 recomendaciones. Dentro de estas se destacan: avanzar efectivamente en el desmantelamiento de estructuras paramilitares, producir resultados en las investigaciones sobre financiadores e instigadores del paramilitarismo, reforzar la protección a personas defensoras, derogar de manera definitiva todas leyes y políticas que permiten el uso excesivo de la fuerza en contextos de protesta social, unificar y garantizar la participación de la sociedad civil en la reforma policial y del ESMAD.
También recomiendan que el Comité exprese su respaldo al Acuerdo Final de Paz y haga un llamado al Estado colombiano para que priorice su implementación honrando la centralidad y los derechos de las víctimas.
Frente a la continuidad de la desaparición forzada, las organizaciones piden al Comité que recomiende al Estado acelerar las investigaciones y sanciones, fortalecer a la Unidad de Búsqueda y adecuar la tipificación de este crimen en la legislación penal colombiana. En materia de política carcelaria, piden que se investigue la tortura, que se garantice el derecho a la salud y las condiciones dignas de reclusión.
De igual manera, esperan que el Comité conmine al
Estado a establecer una reforma a la
legislación en materia de inteligencia acorde con los derechos humanos, y
un sistema nacional de depuración de
archivos de inteligencia, la investigación, juzgamiento y sanción de la
inteligencia ilegal del DAS, incluyendo avances en el caso que adelanta la
Comisión de Acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe, así como de los
nuevos casos que involucran el uso de inteligencia ilegal.
Consulte y Descargue Aquí: Informe
Alternativo de las organizaciones de Derechos Humanos.
Fuentes de referencia:
Prensa
CAJAR - Comité de Abogados José Alvear Restrepo. Disponible en: https://www.colectivodeabogados.org/comite-de-derechos-humanos-de-la-onu-saluda-politicas-de-paz-y-manifiesta-preocupacion-por-persistencia-del-conflicto-e-impunidad/
Fundación
Karisma. Disponible
en: https://web.karisma.org.co/comite-derechos-humanos-octavo-informe-a-colombia/
Nota.
Organizaciones que elaboraron el Informe Alternativo como aporte para Examen de la Comisión-ONU:
Acción
Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia -ACOOC-
Coalición
contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia
Coordinación
Colombia Europa Estados Unidos -CCEEU-
Colectivo
de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo -CAJAR-
Colombia
Diversa
Comisión
Colombiana de Juristas -CCJ-
Comisión
Intereclesial de Justicia y Paz
Comité
de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP-
Conferencia
Nacional De Organizaciones Afrocolombianas -CNOA-
Corporación
Jurídica Libertad
Corporación
Jurídica Yira Castro
Fundación
Karisma
Fundación
para la Libertad de Prensa -FLIP-
JUSTAPAZ
Liga
internacional de mujeres por la paz y la libertad – Limpal Colombia
Misión
de Observación Electoral –MOE-
Movimiento
Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE-
Organización
Nacional Indígena de Colombia -ONIC-
Programa
Somos Defensores
Women’s
Link Worldwide.
Comentarios
Publicar un comentario