«El sistema carcelario en Colombia fue diseñado a imagen
y semejanza de EEUU»
Entrevista al abogado colombiano, presidente de la Fundación
Lazos de Dignidad, Gustavo Gallardo. Habla de la situación de los presos
políticos colombianos y afirma que «hablar de la paz total es hablar de una paz
que integra a todos».
A ocho años del acuerdo entre las FARC-EP y el Gobierno
colombiano, sigue habiendo 90 firmantes de la paz en prisión. A nivel
penitenciario, ¿qué cambios han traído los acuerdos de La Habana?
La situación de las cárceles y de los prisioneros políticos
en Colombia es bastante compleja, sobre todo porque el acuerdo de paz tenía la
vocación de que paulatinamente fueran adquiriendo la libertad, no solo los de
las FARC-EP, sino también todo el cúmulo de líderes y lideresas políticas
encarcelados y, por qué no, de otras insurgencias. La idea era abolir esa vieja
premisa de la guerra jurídica del Estado contra las organizaciones sociales y
populares y dejar de aplicar el derecho penal del enemigo.
Desafortunadamente, la falta de implementación del acuerdo
ha implicado que incluso no todos los presos que hicieron parte de las FARC-EP
hayan salido en su totalidad, todavía hay alrededor de 90 firmantes de
paz presos.
Es cierto que tras la firma, 2.000 miembros de la guerrilla
–guerrilleros, milicianos, colaboradores o de las bases sociales– fueron
excarcelados, pero a día de hoy, en Colombia, hay cerca de 3.000 presos
políticos de otras insurgencias, del movimiento social y popular, y en
los últimos años, de las denominadas ‘primeras líneas’, jóvenes que
participaron en el gran paro nacional entre 2021 y 2022. La situación en las
cárceles continúa siendo precaria y aunque con este nuevo Gobierno de Gustavo
Petro ha mejorado un poco, el problema sigue siendo estructural.
Uno de los casos más emblemáticos es el de Ricardo
Palmera, alias Simón Trinidad, excomandante de las FARC-EP, preso desde 2004 en
una cárcel de máxima seguridad en Florence, Estados Unidos. La propia guerrilla
lo nombró negociador plenipotenciario en las negociaciones de La Habana e
incluyó una silla vacía con su nombre en la mesa.
El proceso de paz no logró su liberación. A sus más de 72
años, Simón no tiene una posibilidad real de salir de la prisión de máxima
seguridad. Más de 400 organizaciones de Colombia y de otras partes de América
Latina hemos enviado al presidente colombiano, Gustavo Petro; al
estadounidense, Joe Biden, y al secretario general de la ONU, António Guterres,
una solicitud para que sea indultado por razones humanitarias, y pueda ser
repatriado y contribuir a la paz.
¿Qué simboliza Trinidad?
El propio Simón le ha pedido al Gobierno ser nombrado gestor
de paz. Sin su libertad y repatriación no es posible hablar de una implementación
completa del acuerdo de La Habana. En el país existen otras mesas de diálogo
con otras insurgencias y grupos armados, y la situación de Simón Trinidad,
todavía privado de libertad, hace que no exista confianza en las instituciones
ni tampoco en la seguridad jurídica para quienes suscriban futuros acuerdos de
paz. Es un mal mensaje para esos eventuales firmantes de paz.
¿Y por qué sigue en prisión pese a todos los intentos y peticiones que se
han hecho?
Porque EEUU sigue considerando a Simón Trinidad un botín de
guerra. Hemos demostrado que no fue miembro del Secretariado y mucho menos del
Estado Mayor Central de la guerrilla, como sostiene Washington, que no es
responsable de la política de secuestro.
«El propio Simón Trinidad le ha pedido al Gobierno ser
nombrado gestor de paz. Sin su libertad y repatriación, no es posible hablar de
una implementación completa del acuerdo de La Habana»
Él fue extraditado con una equivocada acusación de
narcotráfico, cargos que se cayeron. Fue finalmente condenado a 60 años en un
proceso totalmente irregular por el secuestro de tres contratistas
estadounidenses. La Jurisdicción Especial para la Paz le ha concedido la
amnistía, pero las autoridades de EEUU lo mantienen privado de libertad y en
régimen de aislamiento.
¿A qué situación se enfrentan los presos tras ser excarcelados?
Desafortunadamente, en Colombia no existe una política
pospenitenciaria que les permita un buen proceso de resocialización,
rehabilitar sus derechos civiles y políticos, y el reencuentro con sus familias.
Mientras están presos, muchas veces son alejados a cárceles distantes lo que
dificulta las visitas de las familias que, a su vez, temen ser blanco de
asesinato o amenazas. Y una vez que salen en libertad, no tienen garantías
económicas, de seguridad, de inserción...
¿Persiste aún la concepción del enemigo interno?
Sí, por supuesto. A pesar de que tenemos un Gobierno de
corte progresista, democrático y un poco más garantista en cuanto a derechos
fundamentales, la política del enemigo interno sigue estando muy afincada en
las fuerzas militares, en las policías, en el aparato judicial... Hoy por hoy
esa política se traduce no solo en ver al comunista, al socialista o al de
izquierda como un enemigo interno, sino que también se clasifica así a la
inmigración, a las pobrerías que, aburridas de su situación económica, salieron
a las calles y por eso son judicializadas.
Además de dar asistencia a los presos políticos, Lazos de Dignidad acompaña
a víctimas de crímenes de Estado.
Pese al nuevo Gobierno, en la rama judicial no ha habido un
cambio de visión respecto a la reparación de las víctimas de crímenes de
Estado. La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo aún
siguen en manos de personas puestas por el uribismo. Hasta el próximo año no se
cambiará su titularidad y esperamos que, con ese cambio, haya una mayor mirada
hacia los derechos de las víctimas, la verdad, justicia, reparación y, por
supuesto, no repetición.
¿Cómo puede afectar la vuelta de Trump a la Casa Blanca?
Tanto los demócratas como los republicanos aplican de manera
indistinta todo su poderío imperial contra nuestro pueblo, contra las
organizaciones y contra las izquierdas. Para Colombia, no hay mucha diferencia
en quién sea el inquilino de la Casa Blanca. Trump tiene unas políticas de
corte neoliberal y fascistas que, claramente, de manera directa o indirecta
llegarán a Colombia porque las instituciones dependen mucho del apoyo
norteamericano. El Plan Colombia sigue vigente.
Volviendo al tema de las cárceles, el sistema penitenciario
en Colombia fue diseñado a imagen y semejanza de Estados Unidos, contó con el
asesoramiento del buró estadounidense.
«A pesar de que tenemos un Gobierno de corte progresista,
democrático y un poco más garantista en cuanto a derechos fundamentales, la
política del enemigo interno sigue estando muy afincada»
El regreso de Trump es una continuidad de las políticas
contra el pueblo, los derechos humanos, las fuerzas democráticas... El próximo
año hay elecciones en Colombia y en dos estaremos nuevamente ante unas nuevas
presidenciales. La ultraderecha se viene preparando para ganarlas y eso nos
pondría en una situación complicada. Lo que está claro es que Trump apoyará al
uribismo y eso al movimiento social y popular nos dibuja un escenario más
complicado y complejo. El futuro es bastante siniestro. El acompañamiento
internacional siempre va a ser una garantía de protección.
¿Qué influencia tienen modelos penitenciarios como el de Najib Bukele en El
Salvador?
Hemos venido trabajando en la idea del imperialismo
carcelario que exportó EEUU y cuyo laboratorio fue Colombia. Después se empezó
a exportar a México y Centroamérica, incluyendo El Salvador. Lo que hace Bukele
es coger ese modelo cercenando los derechos fundamentales.
El mundo ha visto la tortura que padecen los presos en El
Salvador. Lo peor es que los medios de comunicación están implantando una
matriz positiva en el sentido de que eso es lo que se debe hacer en estas
sociedades. Lazos de Dignidad forma parte de la Coordinadora Americana por los
Derechos Humanos, que el próximo año acompañará una misión de verificación de
las cárceles salvadoreñas con el fin de presentar una denuncia ante la Corte
Interamericana.
¿Qué cambios estructurales se requieren en las cárceles colombianas?
El primer cambio estructural que requerimos es una nueva
política carcelaria y penitenciaria y, en particular, una política criminal que
no se centre en la represión sino en la prevención de la comisión del delito. Cómo
desde la educación, la salud y mejores escenarios económicos y de inclusión
podemos generar que a las cárceles llegue la menor cantidad posible de
personas.
«Lo que está claro es que Trump apoyará al uribismo y eso
al movimiento social y popular nos dibuja un escenario más complicado y
complejo. El futuro es bastante siniestro»
En el proceso de La Habana se planteó un modelo alternativo
de justicia transicional, en el cual la cárcel no es el fin en sí mismo. Existen
otros mecanismos como la prisión domiciliaria, libertad vigilada, trabajos
comunitarios, que nos pueden permitir arreglar la sociedad en vez de hacer
bodegas humanas en las que una persona puede estar veinte, treinta o hasta
sesenta años, la pena máxima prevista. Está comprobado que eso no resocializa y
que lo único que hace es generar un profundo dolor.
La paz total, esa que no quieren permitir que Petro
desarrolle plenamente, es lo que puede aportar un cambio significativo. Hablar
de paz total es hablar de una paz que integra a todos los colombianos, que
aleja las armas de la política y que, desde la diferencia, garantiza el respeto
al opositor político.
Fuente: Naiz. Disponible en: https://www.naiz.eus/eu/info/noticia/20241202/el-sistema-carcelario-en-colombia-fue-disenado-a-imagen-y-semejanza-de-eeuu
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