El 28 de abril de 2025 se cumplió 4 años del Estallido Social
en Colombia, lo que empezó como Paro Nacional en el 2019 se convirtió en el
Estallido Social el 28 de abril de 2021, durante el gobierno de Iván Duque. La protesta
contra una reforma tributaria despertó el descontento de años, el pueblo
colombiano se armó de digna rabia y tomo las calles para exigir justicia, paz,
democracia y mejores condiciones de vida. Cientos de jóvenes salieron a las
calles en medio de la pandemia, con un desempleo por encima del 16%, hambre,
falta de oportunidades y una crisis carcelaria que ocasionó la masacre de la cárcel
la Modelo en Bogotá.
Represión y Criminalización de la protesta
La respuesta del Estado frente al Estallido Social fue represiva
y violenta: 89 homicidios, 1.929 personas heridas, 116 lesiones oculares, 343
agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, 106 denuncias por
violencia de género.
Además la criminalización del derecho a la protesta se convirtió
en una práctica sistemática que consiste en utilizar el aparato judicial como
un ente represivo contra la movilización social. La protesta fue estigmatizada como vandalismo
y terrorismo, asimilando el derecho de reunión y asociación con delitos como concierto
para delinquir, provocando desproporcionadas condenas. Muchos jóvenes fueron
capturados sin pruebas y aun enfrentan procesos, con el tiempo las y los
afectados pudieron identificar dos patrones: la mayoría de víctimas eran
militantes de procesos sociales, colectivos artísticos o de comunicación
alternativa, donde la policía preparó escenas ficticias para consumar montajes
judiciales.
Hoy, cuatro años después, el 30 de marzo de 2025, la misma Fiscalía
revaloró su argumento y pidió a la Corte Suprema que revocara la condena de 10
y 19 años “una de las condenas más duras en la historia reciente con relación a
los actos de vandalismo durante la protesta social”. La fiscal aseguró que “a
partir de las inferencias prejuiciosas, la condena contra Greissy Perilla
Vargas (una de las jóvenes manifestante) se construyó con discursos
estigmatizantes que falsean la libertad de asociación, reunión o participación
política, permitiendo así indebidas expansiones punitivas en la interpretación
de los delitos de concierto para delinquir y terrorismo en contextos de
protesta social”.
La Corte Interamericana en su visita del 2021 también identificó
graves violaciones a los derechos humanos y obstáculos a la protesta como el uso
excesivo de la fuerza, violencia de género y étnico-racial, traslados
irregulares y uso indebido de la jurisdicción militar. De igual forma la ONU en
2023 cuestiono las judicializaciones del Paro Nacional, y al luego en 2024 la
plataforma Grita registro 109 hechos de violencia policial en Colombia, que
ocasionaron 144 víctimas, 24.8% de los casos sucedieron durante protestas.
Las vulneraciones a los derechos humanos en escenarios de
protesta persisten, como lo señalo en noviembre de 2024 la Mesa por la Reforma
Policial. Entre el 1 de enero 2022 y 31 de diciembre 2023, la Campaña Defender
la Libertad registró 703 agresiones.
Amnistía a las y los presos por luchar
La Campaña Objetivo Libertad es un proceso que nace en el
2020 para denunciar, acompañar y exigir la libertad de los y las jóvenes que
fueron víctimas de capturas y montajes judiciales por su participación en el
Paro Nacional de 2019 y el Estallido Social de 2021. Surge en rechazo al
punitivismo carcelario que sirve como instrumento de persecución y castigo
contra aquellos que reclaman sus derechos y cambios estructurales.
Su propuesta es que se declare una Amnistía Total para los y
las presas por luchar, iniciativa que se circunscribe a las y los jóvenes
criminalizados en el marco de las movilizaciones mencionadas, incluso a los
sindicalistas, campesinas, indígenas, estudiantes, firmantes de paz, entre
otros que están en las cárceles por levantar banderas satanizadas por la elite
política y económica. Esa figura jurídica, que tiene antecedentes en el país y
el continente, permitiría liberar o cerrar los procesos, sin importar la
instancia judicial o penal, que hoy enfrentan decenas de jóvenes encarcelados o
investigados en el marco de las memorables movilizaciones de hace unos años.
Entre 2019 y 2022, en Bogotá y otras ciudades del país, la
Campaña ha contabilizado un aproximado de 311 judicializaciones asociadas al
Paro Nacional de 2019 y el Estallido Social de 2021. Alrededor de 50 personas
están privadas de la libertad en centros carcelarios o domiciliarios. 30 ya
están condenadas y el resto se encuentran en etapa preparatoria o en juicio.
Este llamado de libertad viene de tiempo atrás. Con el
actual Gobierno, la Campaña y otras organizaciones establecieron una comisión
accidental para revisar los casos del estallido social de 2021, han solicitado
apoyo de congresistas y sectores políticos de izquierda sin obtener los mejores
resultados. También participaron de la mesa del Estallido Social, la cual se
constituyó en la cárcel de Palmira, Valle del Cauca, luego de que varios
privados de la libertad de ese y otros centros penitenciarios iniciaran una
huelga de hambre —hasta la fecha van cuatro acciones de este tipo.
En ese escenario de diálogo, que por parte del Gobierno
estuvo liderado por Danilo Rueda, ex alto comisionado para la paz, se
exploraron las soluciones políticas y jurídicas para las y los jóvenes privados
de la libertad, luego con la designación de Otty Patiño, este escenario fue
disuelto.
La libertad de las y los compañeros será posible si el movimiento social y popular se moviliza
En la Convención Campesina de 2022, el presidente prometió
que las y los jóvenes detenidos durante el Estallido Social pasarían la navidad
con sus familiares, algo que nunca ocurrió.
Meses después, el Gobierno pensó que algunos de ellos
podrían recuperar su libertad por medio de las vocerías de paz, una figura
jurídica análoga a las gestorías de paz, diseñadas para integrantes de grupos
alzados en armas. El ejecutivo no escuchó las advertencias de la Campaña y
otras organizaciones sobre los vacíos jurídicos de la propuesta, la cual terminó
siendo hundida en los altos tribunales. Para la Campaña “Las promesas que hizo
este Gobierno frente a la libertad de los y las compañeras, se han convertido
en una acción de daño contra las personas privadas de la libertad, sus familias
y redes de apoyo, porque avivan esperanzas que no son cumplidas. Dada la
negligencia del Gobierno, nuestra lectura es que han sido ejercicios de
populismo más que un compromiso real y profundo. Además, si tenemos en cuenta
el bloqueo institucional por el poder que aún tiene la derecha en nuestro país,
nos lleva a nosotros y nosotras a reconocer que las vías institucionales por sí
solas están agotadas.
La libertad de las y los compañeros, tanto del Estallido
Social como de otros ejercicios previos de movilización, solamente será posible
si la ciudadanía y movimiento social y popular se moviliza y presiona. La
salida es política y es desde la gente, desde pueblo, no desde la
institucionalidad”, plantea un integrante de la Campaña Objetivo Libertad.
La amargura también se alimenta por la indiferencia del
movimiento social, para quienes, según el entrevistado, las reivindicaciones
alrededor de lo carcelario son temas marginales. La indolencia de sectores que
se esperaría fuesen más críticos y empáticos, termina normalizando el punitivismo
estatal y el castigo de jóvenes movilizados por un país digno y justo.
La Campaña Objetivo Libertad es un clamor, pero también un
llamado a pensar en todo lo que implica la cárcel, por ejemplo:
·
La atomización y la deserción de las
organizaciones sociales por miedo a vivir lo mismo que algún compañero;
·
La agudización de la pobreza en personas de por
sí empobrecidas, que son obligadas a habitar presidios en los que se debe pagar
altos costos por cosas básicas, y terminan convirtiéndose en cargas económicas
para sus familias, a las que se les limitan las oportunidades laborales por
tener un familiar privado de la libertad;
· Las afectaciones físicas por las violencias que ejerce la guardia y los internos, o que son autoinfringidas producto de las patologías psicológicas que afloran en los centros penitenciarios.
Referencias:
Periferia Comunicación popular. Amnistía total para la
juventud del Paro y el Estallido Social. 7 abril, 2025. Disponible en: https://periferiaprensa.com/amnistia-total-para-la-juventud-del-paro-y-el-estallido-social/
Colectivo de abogados y abogadas José Alvedar Restrepo CAJAR. @cajar.colombia Instagram
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